Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus 2 gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a conseguir el control en en torno a veinte compañías utilizando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El obtener más información origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a gestarse en 2016, instante en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los elementos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que resalta la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el campo del capital peligro..